La presidenta del Poder Judicial Janet Tello firmará en su calidad de titular de un poder del Estado peruano, suscribirá la Declaración de Chapultepec, como compromiso para defender y garantizar el ejercicio libre del periodismo en el Perú. Según fuentes de La República, la acto oficial de suscripción del documento de incidencia internacional hoy miércoles 12 de marzo a las 14:30 horas (hora local).

No obstante, también se conoció sobre la negativa de la presidenta peruana Dina Boluarte para recibir a la misión de la Sociedad Interamericana de la Prensa, la cual solicitó una entrevista con su despacho con anticipación.

La misión de la SIP llegó el lunes 10 de marzo al Perú y se ha reunido con diversos actores de la política y prensa nacional. El objetivo de la visita es evaluar el estatus de la libertad de prensa en el país luego de haber sido uno de los países que ha sufrido el mayor deterioro en el último año, según el Índice de Chapultepec.

Solo se ha reunido con los titulares del Poder Judicial, Congreso, sector académico y representantes de universidades, y periodistas que han sufrido hostigamiento judicial y discursivo, además de a los directores de diversas casas periodísticas, entre ellas La República.

La SIP destaca la independencia del Poder Judicial peruano

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reconoció la independencia del Poder Judicial del Perú, presidido por Janet Tello Gilardi, destacándolo como un modelo de institución en la región. El pronunciamiento se realizó tras una reunión celebrada en Palacio de Justicia entre la delegación de la SIP y las principales autoridades judiciales peruanas.

José Roberto Dutriz Fogelbach, presidente de la SIP y director de La Prensa Gráfica (El Salvador), expresó su satisfacción al constatar que el trabajo del Poder Judicial peruano se desarrolla con una independencia real y comprobable. «La percepción nuestra no es ninguna sorpresa, es una percepción de independencia lo cual es positivo, es una institución ejemplar a nivel continental», señaló Dutriz.

El reconocimiento se basa en la apreciación de diversos sectores vinculados a la labor jurisdiccional y al periodismo, que coinciden en valorar el trabajo independiente del Poder Judicial. «Se reconoce esa independencia que se necesita y vemos muy respetable en el caso de Perú», agregó el presidente de la SIP.

Durante la reunión, se abordaron temas cruciales como la libertad de prensa y expresión en el contexto judicial. Dutriz destacó la receptividad de Tello Gilardi y de las autoridades presentes, como la expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y el juez supremo Ramiro Bustamante Zegarra, en cuestiones como la despenalización de la difamación, calumnia e injuria, promoviendo que estos casos pasen al ámbito civil.

Además, la SIP manifestó su interés en que los periodistas puedan acceder a las fuentes judiciales en aras de la transparencia de los procesos, sin que ello implique la divulgación indebida de los juicios.

Por su parte, Tello Gilardi reafirmó la política de «puertas abiertas» del Poder Judicial hacia los medios de comunicación y subrayó el compromiso de la institución con el respeto irrestricto a la libertad de expresión. La magistrada también señaló que, aunque la relación con la prensa es en general positiva, en ocasiones el Poder Judicial enfrenta críticas no fundamentadas.

¿Qué es la Declaración de Chapultepec?

La Declaración de Chapultepec es un manifiesto en defensa de la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de toda sociedad democrática. Adoptada en 1994 durante la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en el Castillo de Chapultepec, México, este documento establece principios esenciales para garantizar el libre ejercicio del periodismo y el acceso a la información.

Entre sus fundamentos, la Declaración sostiene que no puede existir una sociedad libre sin libertad de expresión y de prensa, subrayando que estos derechos no son concesiones del Estado, sino prerrogativas inalienables del pueblo. Toda persona tiene el derecho de buscar, recibir y divulgar información sin restricciones, y las autoridades están obligadas a garantizar un acceso equitativo y oportuno a la información pública.

El documento también condena de manera enérgica cualquier acto que coarte la labor periodística, como la violencia contra periodistas, la censura previa, la intimidación y las restricciones arbitrarias al libre flujo de información. Asimismo, resalta que los periodistas no deben ser forzados a revelar sus fuentes y que los medios de comunicación no deben ser objeto de discriminaciones o favores en función de su línea editorial.

Otro punto crucial es la prohibición de utilizar mecanismos económicos, como aranceles o la asignación de publicidad estatal, para premiar o castigar a medios y periodistas. Del mismo modo, la afiliación a gremios periodísticos debe ser voluntaria, y la credibilidad de la prensa debe cimentarse en la búsqueda de la verdad, la imparcialidad y la claridad entre contenidos periodísticos y comerciales.

Finalmente, la Declaración enfatiza que la defensa de la libertad de expresión es una tarea permanente, vital para la democracia y la civilización, y que garantizarla es un compromiso que honra la historia y fortalece el destino de las naciones.

(Información en desarrollo)