El juez federal James Boasberg evalúa la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump facilite el retorno a Estados Unidos de cientos de venezolanos deportados, quienes fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798. Según Bloomberg, el magistrado expresó su intención de emitir una orden que obligue al Ejecutivo a permitir el regreso de quienes fueron expulsados desde marzo.

El propósito de Boasberg se centra en una orden ejecutiva que fue utilizada por Trump para deportar a ciudadanos venezolanos que bajo el juicio de su gobierno representan una amenaza bajo condiciones similares a un conflicto bélico. Esta disposición, raramente aplicada en contextos migratorios, forma parte de lo que se conoce como la ley de guerra en la legislación estadounidense. El caso se encuentra ahora bajo análisis del juez Boasberg en un tribunal federal en Washington, donde se evalúan los fundamentos de dichas deportaciones.

Tribunal analiza si hubo abuso de autoridad bajo la Ley de Enemigos Extranjeros

De acuerdo con Bloomberg, el juez James Boasberg cuestionó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a ciudadanos venezolanos, una herramienta jurídica creada durante la presidencia de John Adams y que permite al Ejecutivo actuar contra ciudadanos de países considerados enemigos durante un conflicto armado. Sin embargo, actualmente Estados Unidos no mantiene una guerra formal con Venezuela ni con el régimen de Nicolás Maduro.

La medida fue aplicada para justificar la expulsión de personas vinculadas supuestamente a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, una estructura delictiva transnacional que se ha expandido desde Venezuela a países como Colombia, El Salvador y Estados Unidos. Los abogados de los demandantes, representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentan que no hubo proceso judicial adecuado y que los deportados fueron expulsados sin pruebas concretas que los relacionaran con actividades delictivas o amenazas de seguridad.

Posible retorno de venezolanos deportados divide a autoridades

En la audiencia, el juez Boasberg señaló: “Podría considerar una orden para que los demandantes regresen a Estados Unidos”, según cita de Bloomberg. Esta decisión sería inédita y generaría implicaciones legales tanto para el Departamento de Justicia como para las agencias migratorias.

Durante el proceso, se mencionó que varias personas expulsadas en marzo fueron trasladadas desde estados como Texas, Nueva York y Colorado, sin ser notificadas adecuadamente de los cargos en su contra. La defensa también argumentó que el gobierno utilizó de manera arbitraria la norma de 1798 como herramienta para frenar el flujo migratorio proveniente de Venezuela, lo cual podría violar tratados internacionales de derechos humanos.

Por su parte, funcionarios del gobierno de Trump defendieron el uso de la norma, afirmando que algunos de los deportados representaban riesgos por presuntos vínculos con pandillas como el Tren de Aragua, lo cual se ha convertido en una preocupación regional, incluso en países como El Salvador, donde se han implementado políticas duras en centros penitenciarios como el CECOT.