Este viernes 6 de setiembre la Comisión Permanente declaró procedente el informe de denuncias contra Edgar Alarcón, congresista de Unión Por el Perú, presentado por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada cuando era contralor general de la República.
El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, dio a conocer que la directiva del grupo de trabajo propuso otorgar un plazo de 15 días hábiles a fin de que la subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación respectiva y presente su informe final.
Luego de la votación de los miembros de la comisión, con 16 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, se procedió a darle el plazo.
“Se otorga plazo de 15 días a la Comisión Permanente para presentar informe sobre la denuncia constitucional 372 formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el excontralor general de la república Edgar Alarcón Tejada por la presunta comisión del delito de peculado doloso por apropiación agravada, tipificada en el artículo 387 del código penal”, manifestó Merino.
A Edgar Alarcón se le abrió investigaciones por presuntos delitos que habría cometido cuando fue titular de la Contraloría General de la República. En este sentido, fue denunciado por presentar un desbalance patrimonial de 201.337 soles e ingresos por 275.664 soles, que fueron gestionados en forma bancarizada. Sin embargo se desconoce el origen o los depositarios.
A su vez, la otra denuncia fue por peculado doloso, pues el parlamentario de UPP habría autorizado pagos por caja chica con comprobantes, por servicios no prestados, que resultaban en un total de 490.886 soles.
Fiscalía depende de las decisiones del Congreso para avanzar con investigaciones
Además de estas acusaciones, el también presidente de la Comisión de Fiscalización, tendría otras cuatro pesquisas adicionales por delitos de peculado doloso, colusión agravada y cohecho pasivo (tráfico de influencias).
La participación de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente del Congreso son claves ya que la Fiscalía no puede avanzar con las investigaciones Alarcón contra pues por haber sido contralor, goza del privilegio del antejuicio político.
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