Dina Boluarte, como era previsible, se va debilitando con la andanada de denuncias, alimentando el entusiasmo de quienes desean la caída de su gobierno y el adelanto electoral, pero la posibilidad de ese desenlace pasa por la identificación de en qué ámbito se vuelve más frágil.

En el de la opinión pública, sin duda, lo cual no es novedad pues su presidencia vuela bajo desde hace tiempo, aunque el último mes trajo un descenso relevante. Según la encuesta de Datum publicada el domingo en El Comercio, su aprobación cayó a 7% en abril tras estar en 10% entre enero-marzo. Son solo tres puntos equivalentes al margen de error (+/-2.8%), pero cuando se está tan bajo, un tropezón puede ser porrazo.

En ese sentido, siendo hoy su aprobación el 70% del trimestre previo, está más débil en la opinión pública, y a menos de la mitad del 16% de enero de 2023 en medio de las protestas.

La razón: por un lado, una caída gradual desde el inicio de su presidencia; y por el otro, la falta de credibilidad de las ‘explicaciones’ sobre el origen de sus relojes: 92% no le cree.

Un presidente puede (sobre) vivir con muy poco, como demostró Alejandro Toledo, quien en junio 2004 cayó a 7%. Pero esto no es la única fuerza desestabilizadora. A él lo ayudaba una economía que en algunos meses crecía a una tasa mayor a la de su aprobación.

Quienes apuestan a la pronta caída de Boluarte apelan, por un lado, a la calle, pero eso parece poco probable: según encuesta del IEP de enero 2024, 77% no ha salido a protestar, contra 22% que sí lo ha hecho. La calle está fría.

Apuestan, de otro lado, a que instituciones de activismo lograrán que Estados Unidos presione al gobierno peruano como lo hizo, por ejemplo, con el de Guatemala, pero eso parece puro deseo, pues Washington percibe hoy al gobierno peruano con muchos problemas, pero al que desean ayudar en vez de desestabilizarlo, en un contexto de otras prioridades globales y de una APEC en camino a fin de año.

La debilidad de Boluarte no parece mayor que en el verano 2023 en medio de las muertes en las protestas. La llave de salida la sigue teniendo el congreso, y por ahí no se ve todavía el deseo de removerla, especialmente cuando su presidencia le es cada vez más funcional.