El presidente de Rumbo a Perumin percibe que los candidatos en las campañas electorales hacen populismo con la minería para buscar votos. Admite que las comunidades, área de influencia de las mineras, sufren de abandono. Pero esa tarea le compete resolverla al Estado. Ellos pueden ayudar planificando y no solo siendo “la caja”.

Presentaron un estudio sobre el aporte de la minería en canon y regalías para las regiones del sur. En las dos últimas décadas, eso significó S/ 27.900 millones. ¿Dónde está ese dinero?

Hay un problema de capacidad de gasto (en gobiernos regionales y municipios). Lo utilizan en el orden del 70%. Tampoco hay claridad sobre la inversión efectuada para reducir brechas de pobreza. Por ejemplo, Cerro Verde hizo dos contribuciones a Arequipa: una planta de agua potable y otra para descontaminar el río Chili. Invirtió US$ 650 millones. Es mucho menos de lo que llegó en canon y regalías a Arequipa. Y fueron obras importantes.

¿Cómo hacemos para inyectar los recursos en zonas de influencia minera donde campea la pobreza?

Tenemos una propuesta hace tiempo. Queremos enfocarnos en el desarrollo territorial y generar prosperidad en todos los peruanos. Eso obliga a consensos con los gobiernos, tener una visión de cooperación (…). De tal forma que la gente entienda la importancia de los aportes de la minería y de que estos son beneficiosos.

En las elecciones, la mayoría de candidatos plantea renegociar contratos mineros. Aducen que los impuestos que ustedes pagan son muy pocos.

Ese es un mito creado. El aporte está en el orden de 47% y 52%. Ningún sector de la economía tributa esos puntos. Además hacemos inversiones directas en las comunidades. Antes, el aporte voluntario era mayor y se hacían más obras, en acuerdo con las comunidades, pero en el gobierno del presidente Humala el aporte voluntario se convirtió en regalías mineras. El aporte significaba hasta el 3% de las utilidades. Ese monto se centralizó. Es muy fácil hablar y ganar votos con cualquier cosa. La minería se ha convertido en piñata en cada elección y los políticos hablan para que la gente aplauda; ya en el Gobierno, las cosas son distintas. Tenemos que sentarnos y consensuar.

Sobre los impuestos se cuestionan las devoluciones del IGV. En el 2016, Sunat les devolvió S/ 5.889 millones, mientras que el Impuesto a la Renta ese año fue de S/ 1.950 millones.

¿Qué exportador deja de recibir la devolución del IGV?, ¿qué exportador, en el mundo, vende su producto con IGV? Ninguno. Perderíamos competitividad y esos productos serían caros. La devolución es consecuencia de la acumulación de un largo tiempo (no corresponde a un ejercicio fiscal, sino a varios).

Poniéndolo en cifras frías, podríamos decir: tributo S/ 1.950 y me devuelven S/ 5.889. ¿El Estado pierde?

No es así. Hay diferencias pequeñas que deben tener una explicación técnica que no son tan relevantes, pero no es que pagan mil y les devuelven 5 mil. Eso ya habría llevado a alguien a la cárcel. Las cifras hay que manejarlas con cuidado.

¿Qué consensos mínimos se tendrían que lograr para mejorar la situación de las comunidades y que cambien su impresión respecto a la minería?

El problema no es dinero, dinero hay bastante y no sirve porque no se ejecuta bien. El enfoque no es cómo sacamos más, sino cómo utilizamos mejor… Se necesitan planes de desarrollo. El país tiene que ordenarse primero.

A la fecha, hay 125 conflictos sociales y el 60% es por la actividad extractiva.

Hay problemas y no necesariamente de la minería con las comunidades. La desigualdad es insostenible. La gente no tiene ni siquiera servicios básicos. Como empresa minera no somos llamados a ofrecerles un futuro, sino un desarrollo minero responsable, sin causar daño, darles trabajo… Pero las comunidades están desesperadas. No tienen nada. Es la responsabilidad del Estado y debe asumirlo de manera consciente.

¿Sienten que el Estado los ha abandonado en este relacionamiento social?

No es cuestión de sentimientos, sino de realidades. Las comunidades sufren abandono hace 200 años. Todos los gobiernos hicieron poco para integrarlas al país. El Gobierno llega a mesa de diálogos y se va. Podíamos haber llegado antes, ¿no? Sin necesidad de que haya conflictos. Ahí estamos solos.

El candidato Pedro Castillo plantea el reparto de la utilidad minera: 70% para el Estado y 30% para la empresa. ¿Es viable?

Por supuesto que no. Ninguna empresa aceptará eso. Estamos en el rango internacional. Si usted le dice eso a una empresa minera, le dirá “gracias, me voy a trabajar a otro lado”. El mercado de los metales no es nacional, sino internacional. Mire, el 2025 el cobre estará en US$ 15 mil la tonelada, hoy está US$ 9.730. Por qué no nos preparamos para este momento. El mundo irá al desarrollo ambiental con tecnologías limpias con metales que nosotros tenemos. Es una oportunidad para mineros, ambientalistas y Estado. Y nosotros estamos peleando por otras cosas.

El candidato sostiene que si no aceptan el 70-30 las minas serán expropiadas.

Seguramente. Pero ese es un lío de las empresas y el Gobierno. La pregunta es cuál será la situación de la población. Ya pasamos por esto. El gobierno militar de Velasco expropió las propiedades mineras. ¿En qué terminamos? En superinflación. Esas empresas no producían, gastaban porque tenían personal que no sabía hacer la producción. ¿Cree que como Estado podemos manejar esas minas? ¿Tenemos el capital, el conocimiento y la capacidad tecnológica?

¿El Estado es empresario en Chile?

La razón era porque el gobierno militar quería captar los aportes de la minería. Codelco trabaja con los estándares de una empresa privada. Aquí hicimos el intento, Minero Perú por ejemplo, fue un fracaso.

¿Bolivia es otro ejemplo?

Se nacionalizó el gas y se les está acabando, porque no han explorado y están en graves problemas.

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