El proyecto de ley HB226, respaldado por legisladores de Utah, tiene como objetivo ampliar los mecanismos que faciliten las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Con el respaldo de figuras clave del Partido Republicano, el proyecto busca que las personas condenadas por delitos menores de clase A puedan ser deportadas automáticamente después de cumplir 365 días en prisión con la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con The Salt Lake Tribune, esta iniciativa se produce en un momento en que las políticas migratorias en Utah están siendo reevaluadas para alinearse más estrechamente con las estrategias federales de deportación de Donald Trump.

¿En qué consiste el proyecto de ley HB226 contra inmigrantes en Utah?

El proyecto de ley HB226 de Utah tiene como principal objetivo aumentar la colaboración entre el estado y el ICE para facilitar la deportación de inmigrantes que hayan sido condenados por ciertos delitos. En esencia, la legislación establece que aquellos condenados por delitos menores de clase A, que cumplan al menos 365 días de condena, podrán ser sujetos a deportación sin la posibilidad de revisión judicial.

La representante Candice Pierucci, quien presentó el proyecto de ley, argumentó en una audiencia ante la Cámara de Representantes que la propuesta simplemente extiende el tiempo de colaboración con el ICE. “En las reuniones de estos grupos de trabajo, en las conversaciones con el ICE, ha quedado muy claro que su política es que para deportar a alguien por un delito menor de clase A, debe haber cumplido 365 días», comentó Pierucci. “Estamos limitando esa asociación con ellos a tener solo 364, por lo que simplemente la estamos extendiendo otras 24 horas”. La iniciativa busca que más personas sean deportadas, aunque se excluyen ciertos delitos como las condenas por conducción bajo los efectos del alcohol.

Persecución a inmigrantes por delitos menores en Utah

Una de las mayores preocupaciones sobre el proyecto de ley HB226 es que expande los criterios bajo los cuales se podrían iniciar procedimientos de deportación, no solo por delitos graves, sino también por delitos menores. Esto podría tener un impacto significativo en una gran cantidad de personas que, aunque han sido condenadas por delitos de menor impacto, se verían expuestas a las políticas de deportación automáticas impulsadas por el proyecto de ley.

La propuesta se enmarca en un contexto más amplio de persecución a inmigrantes en Utah, donde la relación entre las autoridades locales y el ICE se ha estrechado en los últimos años. Para los opositores de esta legislación, la medida refleja un endurecimiento de las políticas migratorias, que favorecen la expulsión de personas sin importar su historia o contexto individual.