A través de la Resolución Suprema N° 068-2024-JUS, el Gobierno de Dina Boluarte ha designado a Javier Pacheco como nuevo procurador general del Estado tras la destitución de Daniel Soria. El nuevo titular de la Procuraduría ya había estado en esta cargo, pero de forma interina.

«Se resuelve… Designar al señor Javier Alonso Pacheco Palacios, como Procurador General del Estado… La presente Resolución Suprema es refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos», dice el oficio publicado en el portal web del Diario El Peruano.

Pacheco presentó su renuncia a la Procuraduría Anticorrupción el último viernes 3 de mayo y, posteriormente, anunció su nombramiento como nuevo titular de la Procuraduría General del Estado.

Daniel Soria: ¿cuáles fueron los motivos de su destitución?

En noviembre de 2023, la Comisión Ad hoc del Ministerio de Justicia decidió suspender a Daniel Soria a través de una medida cautelar que lo retiraba temporalmente debido a que como procurador del Estado no cumplía con los requisitos necesarios para ocupar dicho cargo que se le fue asignado durante el Gobierno de Martin Vizcarra.

El Órgano de Control Institucional de la Contraloría ya había advertido sobre esta irregularidad, dado que solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo y para este cargo se necesita al menos tener 8 años de ejercicio profesional. Es por ello que la comsión Ad hoc, en febrero de 2024, recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que se le destituya de la Procuraduría.

Soria ya había sido sacado de su puesto por otros motivos. El debate acerca de este tema se remonta a la administración del expresidente Pedro Castillo. Durante su mandato, en colaboración con Aníbal Torres, se produjo la destitución de Soria Luján de la Procuraduría General del Estado, una acción que se llevó a cabo sin seguir el procedimiento legal establecido, que exige la presencia de una falta grave comprobada en un proceso que asegure el derecho a la defensa.

En aquel periodo, Soria era visto como una figura incómoda para el Gobierno debido a que había presentado una denuncia contra Pedro Castillo ante la Fiscalía relacionada con el caso Puente Tarata.

Ante esta situación, Soria Luján decidió acudir al Poder Judicial para solicitar la anulación de la resolución suprema que finalizaba su nombramiento. El Poder Judicial, actuando en doble instancia, falló a favor de Soria, anulando la resolución que había puesto fin a su cargo.