El Congreso de la República no deja de ser noticia. Y, por desgracia, casi siempre por todas las razones equivocadas y lo más vergonzoso que cualquier ciudadano en su sano juicio pudiera imaginar. Para nadie es un secreto que, de sufragio en sufragio, el nivel de las representaciones parlamentarias, desde que el Perú retornó a la democracia después de la dictadura fujimorista, solo ha ido de mal en peor; cada una de ellas, eso sí, con su particular atado de intereses, tropelías y disparates bajo el brazo.

Cuando ya nada parecía que podía sorprender a la opinión pública, resulta que, como quien dice de puntillas y “calladita la boca”, congresistas de Alianza para el Progreso (APP) han estado consultando al Jurado Nacional de Elecciones si los actuales legisladores o los disueltos podían postular en 2021, pese a que la población de manera aplastante se expresó –a través del referéndum– en contra de toda reelección. Es decir, en la bancada de César Acuña no faltan quienes ya pergeñan cómo sacarle la vuelta a una disposición constitucional basada en la voluntad popular.

Esta demostración de otoronguismo consuetudinario evidencia, de paso, que la descontrolada promulgación de leyes y propuestas populistas –desoyendo a especialistas, gremios empresariales e incluso al Ejecutivo– a que ha asistido el país en los últimos meses no obedece a otra razón que el cálculo político. Nos referimos, por supuesto, a legislar teniendo en mente solo la posibilidad de ganar potenciales votos para el próximo Congreso –o gobierno regional o alcaldía– que se instale tras las próximas elecciones presidenciales.

En lugar de legislar con el foco puesto en la contención de la pandemia y la recuperación de la economía, estas gentes se dejan llevar por apetitos que nada tienen que ver con el bienestar del pueblo peruano, sino, como en este clamoroso caso, con la manera de beneficiarse burlando una ley por la que específicamente se votó en las urnas y poder, así, atornillarse en el cargo público.