El exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, pidió ayer al fiscal José Domingo Pérez que adecué a la nueva Ley N° 30997, que incorpora el delito de financiamiento prohibido de partidos, el caso de presuntos aportes irregulares de Odebrecht a la campaña de 2011 de la lideresa de Fuerza Popular.

La solicitud fue presentada ayer por la abogada de Figari, Madelaine Reyes Gastelú, quien fundamentó su requerimiento en las imputaciones que el mismo Pérez atribuye a su patrocinado.

Según Pérez, Pier Figari formó parte de la cúpula del partido -por ese entonces denominado Fuerza 2011- que recibió “dineros de procedencia ilícita” de la compañía brasileña con el objetivo de ganar las elecciones del 2011 para “obtener poder político en las instituciones del Estado” y así “cometer delitos graves”.

De acuerdo al Ministerio Público, la constructora entregó US$1 millón ilícitos a la campaña fujimorista a través de los entonces dirigentes Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama. Y de ese aporte habría estado enterada la detenida Fujimori, aunque ella lo ha negado en todo momento.

“Solicito la adecuación de la investigación a la citada ley penal especial (…) solicito motive y fundamente la disposición de la formalización y sus ampliaciones conforme a las exigencias típicas de la ley”, se lee en documento suscrito por Reyes.

Actualmente, la investigación que se sigue a la excandida presidencial, quien cumple 36 meses de prisión preventiva, se rige bajo los parámetros de la Ley de Crimen Organizado. Esta norma contempla medidas severas para asegurar la colaboración de los investigados con las pesquisas.

La Ley N° 30997 fue promulgada el 27 de agosto pasado y hace modificaciones al Código Penal. Entre esas variaciones se precisan las fuentes de financiamiento de campañas legalmente prohibidas.

Por ejemplo, están prohibidas de realizar aportes las entidades del Estado; no están permitidos los aportes anónimos económicos superiores a dos UIT, ni los abonos de personas naturales condenadas; así como los que provengan de empresas nacionales o extranjeras sancionadas penal o administrativamente.